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La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró ayer que el Gobierno de España "no está en contra" de los chiringuitos ni la Ley de Costas los prohíbe. Al contrario, "permite su instalación". No obstante, agregó que estos servicios deben "ajustarse a la legalidad".
Espinosa, que se pronunció de esta manera tras su visita a Gandia, realizó un paralelismo y explicó que el Gobierno "no prohíbe conducir", sino que dispone de una ley para la circulación que hay que cumplir. "Igual que nadie puede ir conduciendo a 400 km/h, los chiringuitos deben cumplir la ley", dijo.
La ministra aseguró también que en la Comunitat hay cerca de cuatrocientos chiringuitos -294 en la provincia de Valencia-, de los cuales 40 no se ajustan a la ley -28 en Valencia-. Se trata, constató, de un porcentaje "muy pequeño", aunque "estamos hablando con ellos para ajustarnos a la norma". De lo contrario, "la gente que cumple se vería dañada en sus intereses si ve que hay gente que no cumple".
Cambio de estrategia
Ante esta posición de firmeza, y tras los sonoros fracasos cosechados en sus reuniones con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, y luego con el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, los propietarios de los chiringuitos de Valencia han dado un giro radical a su estrategia y han optado por solicitar la negociación de forma unitaria y recortando drásticamente sus medidas de presión. Ahora, apelan al consenso entre el PSPV y PP para negociar una solución a sus negocios y, por el momento, han dejado apartada la manifestación de Madrid.
La materialización de este cambio de estrategia se produjo en la reunión celebrada el pasado viernes. En esa reunión se decidió, en primer lugar, depositar toda la responsabilidad de las negociaciones en la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur). De esta manera se consigue que los hosteleros de Pinedo y el Saler, que han negociado por su parte con el Ayuntamiento de Valencia y no asistieron al encuentro con el secretario regional del PSPV, Jorge Alarte, se sometan a la estrategia general, que afecta a todos los restaurantes de playa de la Comunitat.
En este mismo sentido, se apela al consenso del PSPV y del PP, puesto de manifiesto en la moción aprobada en diciembre, para abrir una nueva etapa de negociación con pleno respaldo político.
Finalmente, se han anulado las medidas de presión diseñadas por los hosteleros de Pinedo y el Saler, que se proponían una recogida multitudinaria de firmas y una manifestación a las puertas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en Madrid.
Eso sí, las peticiones del colectivo son básicamente las mismas. A saber, una modificación de la Ley de Costas y el traspaso de competencias a la Generalitat.
